El crimen organizado en América Latina, se sustenta en las estructuras del Estado y es un negocio en expansión.

FAMILIA ROQUÉ GÜMES


El crimen organizado ha ganado cada vez más terreno en América Latina. Tejiendo una red de poder entre mercados ilegales, la colaboración del Estado y una violencia masiva, la mafia es hoy considerada un negocio en expansión. La conclusión es del centro de investigación independiente internacional Woodrow Wilson Center, que divulgó un documento en el que da cuenta del funcionamiento de las facciones delictivas existentes en el continente. Por Manuela Belchior, para Adital.


Titulado ”La rebelión de las redes criminales: el crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican”, de autoría de Juan Carlos Garzón Vergara, en el estudio se señala que las redes criminales figuran hoy como actores estratégicos relevantes en el hemisferio sur, reconfigurando las fronteras territoriales, teniendo un fuerte papel en la economía y penetrando en las estructuras políticas y sociales. La mafia pondría en jaque los avances alcanzados en la construcción del Estado y del sistema democrático.

En la publicación se señala que los grupos favorecerían la formación de mercados locales ilegales, factor común en América Latina, que presentan una serie de ventajas a esas facciones: permiten un flujo de caja constante de fácil acceso y la contratación de mano de obra local (que provee a esas organizaciones de base social), son medios efectivos para el lavado de dinero y su interacción con la informalidad, potencia la capacidad de infiltración en la economía legal.

De acuerdo con el estudio, el delito opera a nivel local, como mafias y en el plano nacional y regional como empresas, con estructuras más fluidas y menos jerárquicas. El tradicional ”capo”, jefe de las facciones, comparte el poder con líderes intermedios, que permitirían la conexión del crimen organizado con instituciones legales.

En la investigación se señala también que la motivación del crimen organizado es económica y no política, o sea, su objetivo no es tomar el poder sino usar el poder para el desarrollo de las economías ilegales. La violencia, en este caso, sería una herramienta de la mafia y no un fin en sí mismo. El crimen organizado no se basa en la simple confrontación con el Estado, sino que se estructura a partir de conexiones entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, en un contexto de debilidad institucional y deterioro de la cultura de la legalidad.

En los últimos años, las organizaciones criminales habrían modificado sus estrategias por cuatro motivos. Uno de ellos serían los vacíos de poder, que resultan de la implosión de las estructuras criminales y de la acción del Estado en contra de esos grupos; también la disponibilidad de redes clandestinas con experiencia en el tráfico de bienes y servicios ilegales. La consolidación de mercados locales ilegales emergentes, con una oferta creciente y una demanda constante de productos y servicios ilegales sería otro agravante, además de las ofensivas del Estado en medio de una fragilidad institucional y la disposición de las redes clandestinas a enfrentar el Poder Institucional.

En el estudio se indica también que las embestidas del Estado para desarticular a las organizaciones criminales favorecerían la competitividad interna de los grupos, que se renovarían y crearían nuevos modos de operar en la sociedad. "La ofensiva estatal no necesariamente produce un desbande de delincuentes que optan por abandonar las actividades ilegales, siendo una oportunidad para la renovación de las estructuras y la emergencia de facciones ilegales que se mantenían subordinadas hasta ahora”, se explica en la investigación.

El estudio concluye que ante una debilidad institucional, por la presencia irregular del Estado en el territorio y su cooptación por la mafia (la llamada ”falencia del Estado”), la facción criminal tendría la capacidad de obligar al Estado a hacer concesiones a esa red de relaciones. 

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